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Reglamentos / Poder Ejecutivo / Reglamento Contra el Lavado de Activos  Descargar   atras Buscar

DRLEYES
NÚMERO: 407-17
CONSIDERANDO: Que la República Dominicana es signataria de varios convenios internacionales que procuran combatir en forma efectiva el lavado de activos provenientes de actividades delictivas, así como el financiamiento de actividades terroristas.
CONSIDERANDO: Que la República Dominicana se ha comprometido a incorporar como normas de su ordenamiento jurídico las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), destinadas a concebir y promover estrategias para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, así como también el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
CONSIDERANDO: Que la Ley núm. 155-17, del 1 de junio de 2017, contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, ha creado un más amplio sistema de prevención, persecución y sanción del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y las armas de destrucción masiva en la República Dominicana.
CONSIDERANDO: Que algunos aspectos de la Ley núm. 155-17 requieren de un desarrollo reglamentario para completar sus disposiciones y normas.
VISTA: La Constitución de la República Dominicana, proclamada el 13 de junio de 2015.
VISTA: La Ley núm. 155-17, del 1 de junio de 2017, contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, que sustituyó y derogó la Ley núm. 72-02, sobre el lavado de activos provenientes del tráfico ilícito de drogas, del 7 de junio de 2002.
VISTAS: Las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) de febrero de 2012, destinadas a concebir y promover estrategias para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, así como también el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
En virtud de las atribuciones que me confiere el artículo 128 de la Constitución de la República, dicto el siguiente:
 

REGLAMENTO DE APLICACIÓN DE LA LEY NÚM. 155-17, CONTRA EL LAVADO  

DE ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA  
CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Objeto. El presente reglamento tiene por objeto reglamentar lo establecido en la Ley núm. 155-17, del 1 de junio de 2017, sobre lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Artículo 2. Normativas sectoriales. Los sujetos obligados financieros y no financieros definidos por la Ley núm. 155-17deberán cumplir con todas las obligaciones puestas a su cargo por la ley según las normativas sectoriales que deben emitir las autoridades competentes para la regulación y supervisión, partiendo de los criterios establecidos en la referida Ley núm. 155-17 y sus reglamentos, los cuales podrán establecer el alcance de su implementación según las realidades y riesgos de cada sector.
Artículo 3. Concepto de Beneficiario Final. Los sujetos obligados deberán identificar y verificar al beneficiario final de una persona jurídica o estructura jurídica que tenga una participación accionaria de 20% o más.
Párrafo I. Si no es posible determinar con claridad si la persona que tiene la participación accionaria mayoritaria es la beneficiaria final o cuando ninguna persona física ejerza el control de una empresa mediante participaciones accionarias o el control mínimo del 20% de la participación accionaria, se deberá identificar y verificar la identidad de la o las personas físicas que ejerzan el control a través de otros medios. Cuando no se identifique a ninguna persona física, de acuerdo con los elementos anteriores, se considerará beneficiario final a la o las personas físicas que ocupan los puestos de mayor rango gerencial.
Párrafo II. También podrá considerarse como beneficiario final aquella persona física que a través de otros medios tiene el control sobre la persona jurídica, incluyendo, y sin limitarse, a los controlantes por disposición estatutaria o de hecho.
Artículo 4. Estadísticas: Las autoridades competentes deben mantener estadísticas completas y actualizadas sobre los asuntos pertinentes a la efectividad y eficiencia de sus actividades dentro del Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento al Terrorismo, las cuales deben incluir lo siguiente:
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) debe llevar las estadísticas de los reportes de operaciones sospechosas recibidos y comunicados.
El Ministerio Público, el Poder Judicial y las demás autoridades de investigación deberán llevar, según su competencia, las estadísticas sobre investigaciones, enjuiciamientos, acuerdos y condenas sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo, así como de los delitos precedentes, bienes congelados, incautados embargados y decomisados.
Las autoridades competentes para la supervisión, según el literal 7 del artículo 2 de la Ley núm. 155-17, deben llevar estadísticas de las supervisiones, procesos sancionadores y sanciones impuestas a los sujetos obligados.
Todas las autoridades competentes según la Ley núm. 155-17deben llevar estadísticas de las solicitudes internacionales de cooperación realizadas y recibidas, incluyendo, pero sin limitarse a, solicitudes de asistencia legal mutua, extradiciones, medidas sobre bienes e intercambio de informaciones de inteligencia, tributaria y de supervisión. 

CAPÍTULO II DISPOSICIONES PROCESALES

SECCIÓN I COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Artículo 5. Intercambio espontáneo de información. Las autoridades competentes podrán usar los medios más eficientes para cooperar, como las redes establecidas para la cooperación internacional y las nuevas tecnologías, para asegurar que puedan prestar el mayor rango de cooperación internacional oportuna con relación al lavado de activos, delitos determinantes asociados y financiamiento del terrorismo. Dicho intercambio de información puede ser oficioso o requerido mediante solicitud.
Artículo 6. Confidencialidad de la información. Las autoridades competentes deben mantener la confidencialidad apropiada de todo pedido de cooperación e información intercambiada, de acuerdo con las obligaciones contenidas en los tratados internacionales, memorandos de entendimiento y acuerdos bilaterales. En ausencia de claridad sobre la confidencialidad, las autoridades competentes deben, como mínimo, proteger la cooperación o información intercambiada de la misma forma en que protegen toda información similar suministrada por fuentes nacionales y para procesos nacionales.
Artículo 7. Uso de la información en el marco de la cooperación internacional. Las autoridades competentes podrán usar cualquier cooperación internacional, incluyendo el intercambio de información, a los efectos para los que la información se procuró o brindó, salvo autorización previa otorgada por la autoridad contraparte competente.
Artículo 8. Intercambio indirecto de información. Las autoridades competentes podrán intercambiar información indirectamente con quienes no son contrapartes, aplicando los dos artículos anteriores. Las autoridades competentes nacionales deben asegurarse de que la autoridad competente que solicita la información a ser usada por otra autoridad competente extranjera precise claramente los propósitos de dicho requerimiento y en nombre de cuál autoridad formula la solicitud.
SECCIÓN II MEDIDAS SOBRE BIENES
Artículo 9. Medidas cautelares sobre inmuebles. Las medidas cautelares sobre bienes inmuebles ordenadas judicialmente o por el Ministerio Público, en casos excepcionales, una vez hayan sido inscritas en el Registro de Títulos correspondiente, generarán un bloqueo registral, primando sobre cualquier otra anotación posterior al momento de la inscripción.
Artículo 10. Medidas cautelares sobre otros activos. Las medidas cautelares ordenadas sobre otros activos sometidos a registro judicialmente o por el Ministerio Público, en casos excepcionales, una vez hayan sido inscritas, generarán su congelamiento o inmovilización.
Artículo 11. Información sobre el inmueble objeto de medida cautelar. La solicitud de inscripción de medidas cautelares deberá detallar de manera clara e inequívoca la designación catastral del inmueble que se pretende afectar y la correcta identificación del titular del bien. En todo caso, antes de presentar la solicitud, el Ministerio Público deberá confirmar que los datos suministrados coincidan con la información publicitada por el Registro de Títulos.
Artículo 12. Comunicación sobre impedimento. En caso de existir una dificultad para la inscripción de la medida cautelar, el Registrador de Títulos se lo comunicará al Ministerio Público, dentro de las 48 horas siguientes, para que la situación sea subsanada oportunamente.
Artículo 13.Comunicación sobre dificultad relativa al decomiso. En caso de que la sentencia que ordene el decomiso de bienes inmuebles no pueda ser ejecutada, por no haberse identificado correctamente el inmueble o su titular, se informará al Ministerio Público dentro de las 48 horas siguientes para los fines correspondientes. 

CAPÍTULO III PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO  
SECCIÓN I MEDIDAS PREVENTIVAS
Artículo 14. Implementación de la Debida Diligencia del Cliente para los sujetos obligados. Los sujetos obligados deben realizar una Debida Diligencia del Cliente cuando:
Establezcan relaciones comerciales.
Exista sospecha de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo, con independencia de las exenciones o umbrales referidos en la ley y normativas.
Cuando el sujeto obligado tenga dudas sobre la veracidad o precisión de los datos de identificación del cliente.
Párrafo. Para los siguientes sujetos obligados no financieros aplicarán los umbrales detallados a continuación para realizar la debida diligencia al momento de establecer relaciones comerciales. Los criterios b) y c) de este artículo aplicarán sin importar el umbral aquí establecido:
Para los casinos y juegos de azar: cuando los clientes se involucran en transacciones financieras por un monto igual o superior a tres mil dólares estadounidenses (USD$3,000.00) o su equivalente en cualquier moneda. Para este sector las transacciones financieras no incluyen transacciones de juego que solo usan fichas o monedas de casinos, pero sí cuando el cliente compra o vende dichas fichas o monedas o cuando el cliente reclama un premio.
Para los Agentes Inmobiliarios: cuando estos se involucran en la compra y venta de bienes raíces para sus clientes, los agentes inmobiliarios deben cumplir con los requisitos de debida diligencia respecto de los compradores y vendedores de la propiedad.
Comerciantes de metales preciosos y comerciantes de piedras preciosas: cuando estos se involucran en alguna transacción con un cliente por un monto igual o superior a quince mil dólares estadounidenses (USD$15,000.00) o su equivalente en cualquier moneda.
Artículo 15. Actualización de la Debida Diligencia. Todos los sujetos obligados deberán actualizar la información de debida diligencia para los clientes actuales, según las disposiciones de la Ley núm. 155-17, este reglamento y las normativas sectoriales. Se dará un plazo de hasta un (1) año desde la emisión de este reglamento para la actualización de dicha información.
Artículo 16.Clientes que son Personas Expuestas Políticamente. Los sujetos obligados deben realizar una debida diligencia ampliada a las Personas Expuestas Políticamente(PEP), en la cual se deben implementar los siguientes elementos:
Deben obtener la aprobación de la alta gerencia antes de establecer (o continuar, en el caso de los clientes existentes) su relación comercial con una persona políticamente expuesta (PEP).
Deben adoptar medidas razonables para identificar el origen de la riqueza y el origen de los fondos de los clientes y beneficiarios finales identificados como una persona políticamente expuesta (PEP).
Deben realizar un monitoreo intensificado sobre esa relación de negocios.
Párrafo. Se debe aplicar la debida diligencia ampliada, así como los requisitos establecidos en este artículo, cuando se identifiquen como de alto riesgo a un cónyuge, la pareja en unión libre o concubinato, o las personas con las que mantenga parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado de las personas expuestas políticamente, así como sus asociados cercanos o quien realice operaciones en su nombre.
Artículo 17. Identificación del beneficiario de una transferencia. Las entidades de intermediación financiera y los agentes de remesas y cambio deben adoptar medidas que le permitan identificar al remitente y beneficiario de una transferencia internacional.
Artículo 18. Intermediarios. En el caso de las transferencias electrónicas transfronterizas, entidad de intermediación financiera intermediaria o el agente de remesas y cambio intermediario debe garantizar que toda la información del originador y del beneficiario que acompaña la transferencia electrónica se conserve con esta.
Artículo 19. Delegación. Los sujetos obligados, al delegar unos aspectos de la debida diligencia con un tercero que reside en otro país y que cumple con las condiciones definidas en la Ley núm. 155-17, deben tomar en cuenta la información disponible sobre el nivel de riesgo de ese país y tomar las medidas de mitigación necesarias para que la información de debida diligencia esté lo más completa y actualizada posible.
Artículo 20. Auditoría anual de cumplimiento. Todos los sujetos obligados deberán realizar anualmente una auditoría externa independiente sobre la aplicación del programa de cumplimiento.
Párrafo. El alcance de la auditoria de cumplimiento será establecido por una normativa sectorial, emitida por la autoridad competente respectiva, tomando en consideración la naturaleza del sujeto obligado y los niveles de riesgo de la actividad a la que se dedica, entre otros factores. Para las personas físicas que son sujetos obligados y pequeños negocios, la auditoría puede consistir en un dictamen de cumplimiento emitido por un contador público.
Artículo21.Remisión de información solicitada. Todos los sujetos obligados deberán remitir a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) toda la información que esta requiera para la realización de sus funciones, análisis, investigaciones y solicitudes de cooperación internacional, independientemente de que los sujetos obligados hayan reportado o no alguna transacción en efectivo u operación sospechosa.
Artículo 22. Forma de solicitud y entrega. La Unidad de Análisis Financiero (UAF) podrá solicitar directamente a un sujeto obligado la información que requiera, la cual deberá ser entregada directamente por dicho sujeto obligado en un plazo no mayor de tres (3) días. La información entregada a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) no será revelada o compartida con ninguna otra autoridad, sujeto obligado o ente supervisor, conforme lo establecido en los artículos 57 y 63 de la Ley núm. 155-17.
Artículo 23. Reportes de transacciones en efectivo. La Unidad de Análisis Financiero (UAF) es la encargada de definir todo lo concerniente al formato, vía, soporte y contenido de los reportes de transacciones en efectivo.
Artículo 24. Operaciones sospechosas. La Unidad de Análisis Financiero (UAF) es la encargada de definir todo lo concerniente al formato, vía, soporte y contenido de los reportes de operaciones sospechosas, los cuales siempre deberán ser remitidos, sin excepción alguna, en forma directa y exclusiva, no debiendo ser revelados o compartidos a ninguna otra autoridad pública, sujeto obligado o ente supervisor.
Artículo 25. Remisión de información de transporte transfronterizo de dinero. La Dirección General de Aduanas deberá digitalizar en formato editable y remitir a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), de manera directa o mediante adjunto de correo electrónico seguro, la documentación relativa a las transferencias transfronterizas de dinero y otros instrumentos monetarios que excedan el umbral establecido en la Ley núm. 155-17, de la siguiente manera:
De forma inmediata: el acta que se levanta en ocasión de una incautación de dinero, monederos electrónicos, valores o instrumentos negociables al portador, igual o superior a diez mil dólares estadounidenses (USD$10,000.00) o su equivalente en moneda nacional o extranjera, no declarados.
Dentro de los primeros 15 días de cada mes: los formularios del mes anterior, en los cuales los pasajeros declaren que transportan de dinero, monederos electrónicos, valores o instrumentos negociables al portador, igual o superior a diez mil dólares estadounidenses (USD$10,000.00) o su equivalente en moneda nacional o extranjera.
Artículo 26. Designación del oficial de cumplimiento. Para los sujetos obligados que son personas físicas, las responsabilidades del oficial de cumplimiento podrán ser asumidas por dicha persona. La normativa sectorial podrá definir los criterios específicos para el oficial de cumplimiento.
SECCIÓN II LIQUIDACIONES O PAGOS
Artículo 27. Medios de pago para la liquidación o pago de obligaciones. Los pagos que las personas físicas o jurídicas realicen o acepten de acuerdo con los umbrales establecidos en el Artículo 64 de la Ley núm. 155-17 deberán realizarse a través de cheques, transferencias nacionales o internacionales (incluido los agentes de remesas y cambio), tarjetas de crédito o de débito, que constituyen medios de pago que dan fe de la liquidación o el pago. Las tarjetas prepagadas no podrán utilizarse para la liquidación de esas obligaciones.
Párrafo I. La constancia fehaciente de pago podrá consistir, sin limitarse a, una copia fotostática de cheque o de cualquier instrumento financiero, de la transferencia nacional o internacional, o del voucher o extracto o comprobante de la tarjeta de crédito o débito con la cual se realizó el pago o la liquidación. De igual manera, el modo de pago podrá estar establecido en el contrato o documento para registrar o en una certificación firmada por el pagador donde se establezca el modo de pago.
Párrafo II. Es responsabilidad de cada notario que al realizar una debida diligencia verifique el debido cumplimiento del medio de pago conforme lo establecido en el artículo 64 de la Ley núm. 155-17.
Artículo 28. Medios de pagos de las obligaciones. Las constancias de liquidaciones o pagos realizadas a través de los medios de pago mencionados en el artículo anterior solo serán exigidas por los notarios y los registradores, incluyendo los mercantiles, y únicamente para fines de conservación por un período de diez (10) años.
Párrafo I. La responsabilidad de los registradores se limita a la exigencia de entrega del medio de pago, no debiendo exigir documentos o información adicional, como, por ejemplo, realizar debida diligencia del cliente ni exigir prueba de origen de fondos para registrar la transacción.
Párrafo II. Las constancias de pago no serán reportadas a las autoridades competentes, pero deberán entregar copias de las mismas, y de los demás documentos relacionados, cuando le sean requeridas por la Unidad de Análisis Financiero (UAF), los tribunales o el Ministerio Público.
Artículo 29. Confidencialidad de las constancias de pago. Las copias de esas constancias de pago no podrán ser incluidas en los expedientes a los que tiene acceso el público ni podrán entregarse a solicitud de terceros no autorizados. Las copias de las constancias de pagos solo serán entregadas a requerimiento de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), al Poder Judicial o el Ministerio Público, para fines de investigación o juzgamiento.
Párrafo I. Cuando se registren transferencias de bienes cuyo pago o liquidación exija el uso de un medio de pago diferente del efectivo, se deberá hacer mención en los contratos o en el registro del medio de pago utilizado, indicando la información que lo individualiza, especialmente fecha, y monto. Para transacciones que incluyen pagos futuros se podrá registrar o notarizar siempre y cuando el contrato o documentos a registrar o notarizar incluyen por escrito el medio de pago o una declaración firmada por el pagador donde establezca el modo de pago.
Artículo 30. Transacciones en efectivo no registradas. Las transacciones en efectivo limitadas en el artículo 64 de la Ley núm. 155-17, realizadas antes de la entrada en vigencia de este reglamento y que no hayan sido registradas no estarán sujetas a la obligación de entrega de la documentación fehaciente de pago exigida por el mismo.
CAPÍTULO III SUPERVISIÓN Y SANCIÓN
Artículo 31. Sobre las obligaciones adicionales de los Entes de Supervisión de los Sujetos Obligados. Las autoridades competentes para registrar o licenciar a los sujetos obligados solicitarán información para otorgarlas, y las negarán cuando identifiquen que una persona física que es sujeto obligado, el beneficiario final, o cuando el sujeto obligado tiene una persona física con una participación significativa o controlante/controlen al sujeto obligado o cuando tienen una persona que ocupa un cargo gerencial y cumple con alguno de los siguientes criterios:
Hayan sido condenados y esté cumpliendo condena por delitos graves, por cualquiera de los delitos precedentes de lavado de activos, así como lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Los que han sido inhabilitados permanente o temporalmente según la Ley núm. 155-17 o leyes especiales para las actividades establecidas en dichas leyes.
Hayan sido designados por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas como Terrorista o que financian la proliferación de armas de destrucción masiva en virtud de las Resoluciones 1267, 1988, 1718 y 2130 del Consejo de Seguridad, así como por la lista nacional de terroristas.
Artículo 32.Identificación de probable infracción por la Unidad de Análisis Financiero (UAF).En los casos en los cuales la Unidad de Análisis Financiero (UAF) advierta la existencia de una probable infracción administrativa por parte de un sujeto obligado, deberá notificar a su órgano supervisor, a fin de que este proceda a constatar la ocurrencia del hecho para iniciar un proceso administrativo sancionador.
Artículo 33. Circunstancias de graduación adicionales. Además de las circunstancias para la graduación de las sanciones que se impondrían a los sujetos obligados establecidos en la ley, por la comisión de las infracciones administrativas se podrá tomar en consideración lo siguiente:
Si el sujeto obligado tiene un programa de cumplimiento y lo ha puesto en ejecución.
Si luego de la comisión de la infracción administrativa el sujeto obligado adoptó un programa de cumplimiento.
CAPÍTULO IV BENEFICIARIO FINAL
Artículo 34. La Administración Tributaria, al momento de la inscripción o actualización de datos, requerirá que sean identificadas la(s) persona(s) física(s) que tienen una participación en la persona jurídica declarante igual o mayor al 20%. En caso de que exista una cadena de titularidad, se debe(n) identificar la(s) persona(s) física(s) que tenga una participación directa o indirectamente igual o mayor al 20% de participación en la entidad declarante. También, se inscribirá a la(s) persona(s) que ocupan el cargo(s) de más rango nivel gerencial.
Párrafo. Respecto al caso de control efectivo, se requerirá que sea(n) identificada(s) la(s) persona(s) física(s) que, sin perjuicio de poseer directa o indirectamente una participación inferior al 20% en la sociedad o a través de una cadena que ejerza el control efectivo de la sociedad o entidad jurídica declarante, ejerzan control sobre esta.
Artículo 35. Los datos requeridos sobre el beneficiario final, sin que sean limitativos, serán los siguientes: número de cédula o pasaporte, número de identificación tributaria del país de residencia fiscal, nombre completo, domicilio social o sede de actividad, indicación del porcentaje de participación accionaria y/o control efectivo.
Párrafo. En los casos de cadena de titularidad y/o control efectivo, cuando la participación se alcance indirectamente, deberá tener disponible para la Administración Tributaria la identificación de la cadena de titularidad y/o control efectivo incluyendo el nombre o razón social, la identificación tributaria del país de residencia fiscal, el domicilio social o sede de actividad, así como una indicación del porcentaje de participación accionaria y/o control efectivo del beneficiario final, en cada una de las entidades de la cadena de titularidad.
Artículo 36. La documentación que sirva de base a la información proporcionada sobre el beneficiario final, sean estos residentes fiscales o no en República Dominicana, así como de toda la cadena de titularidad y/o control efectivo, debe estar disponible para cuando sea requerida por las autoridades competentes. Dicha documentación debe permanecer en el domicilio de la entidad declarante en territorio dominicano por un período de diez (10) años, de acuerdo conlas disposiciones del artículo 50, literal h, del Código Tributario y del artículo 43 de la Ley núm. 155-17. Artículo 37. En el caso de beneficiarios finales de entes sin personalidad jurídica, incluyendo
“trustees” o fiduciarios, “settlors” o fideicomitentes o beneficiarios o fideicomisarios de “trusts”, deberán aportar a la Administración Tributaria los mismos datos mencionados en el numeral 3 y tener disponible para la autoridad competente lo dispuesto en el numeral 4del artículo 38 de la Ley núm. 155-17, respecto de los futuros titulares ya designados o en su caso respecto de la categoría de personas físicas en beneficio de la cual se ha creado o actúa dicho ente sin personalidad jurídica.
Artículo 38. Los datos del o los beneficiario(s) final(es) deberá(n) informarse a la Administración Tributaria anualmente en la declaración jurada de Impuesto Sobre la Renta de la entidad declarante u otro medio publicado por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) para estos fines. Sin embargo, si surge un cambio en el (los) beneficiario(s) final(es) de la entidad declarante deberá notificarse a la Administración Tributaria en un plazo no mayor a tres (3) meses a partir del cambio, en el formato que disponga la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
Artículo 39. Cuando la entidad sea un sujeto obligado conforme a la Ley núm. 155-17, los requerimientos de información conforme a los numerales 1 al 4 del artículo 38 de dicha ley, podrán ser requeridos por la autoridad competente.
Artículo 40. Solicitud de Información sobre Beneficiario Final. La Unidad de Análisis Financiero (UAF) y el Ministerio Público podrán solicitar, de manera administrativa, la información del beneficiario final que se encuentre en poder de los sujetos obligados o en la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
CAPÍTULO V DISPOSICIONES FINALES
Artículo 41. Normas para la interpretación. En la interpretación y aplicación de la Ley núm. 155-17, los reglamos y sus normativas sectoriales, las autoridades competentes y sujetos obligados, con respecto a los temas de prevención señalados en la Ley núm. 155-17, deberán tomar en cuenta las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), así como las notas interpretativas de las mismas, pudiendo ser analógica o extensiva, salvo en los aspectos administrativos sancionatorios.
DADO en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los dieciséis   ( 16 ) días del mes de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), año 174 de la Independencia y 154 de la Restauración. 
DANILO MEDINA

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1.-Registro de Titulos, Reglamento No.2669-2009, el cual dispone todo lo relativo a las funciones de la Direccion Nacional de Registro de Titulos y los Registradores de Titulos. Funcion Calificadora. Formato de los Titulos.
2.-Mensuras Catastrales, Reglamento No.1738-2007, el cual dispone todo lo relacionado con la mensura de Terrenos. Direccion Nacional de Mensura Catastral. Direcciones Regionales de Mensuras. Procedimientos. Funcion Calificadora.
3.-Centro de Mediacion Familiar, Reglamento No. 0886-2006, que Establece el Centro de Mediacion para conflictos familiares. Coordinador General. Deberes de los participantes, abogados, confidencialidad. Sesion individual. Terminos de Mediacion. Registro de Casos.
4.-Interceptacion Telefonica, Reglamento de fecha 13-11-2003, que dispone las causas y el procedimiento mediante los cuales los jueces pueden autorizar la interceptacion o interferencia telefonica a los fiscales para el sustento de un caso. Ambito de Aplicacion. Solicitud. Vigilacia. Compentencia. Orden de prioridad. Objeto y oportunidad de la decision judicial. Secreto profesional. Duracion de la medida y gravaciones.
5.-Tarifas de los Jueces de Paz, Reglamento No.0246-2001, el cual establece las tarifas por cada hora de trabajo que pueden cobrar los jueces de paz de acuerdo a las categorias de los servicios que prestan a particulares.


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