Se dice de la determinación del índice de cobrabilidad de los créditos que existan (documentados, con garantía, en cuenta corriente, etcétera) y el valor no sólo de origen y residual de los bienes materiales (activo fijo, materia prima, etcétera) sino el que realmente se puede obtener (estimativo) en caso de venta. Este concepto interesa en particular en las convocatorias, quiebras y procesos universales en general. Generalmente los ordenamientos legales lo exigen en los informes de los síndicos y liquidadores.
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