Proceso instituido para juzgar la conducta y responsabilidad de determinados funcionarios públicos. En los regímenes democráticos la acusación o proceso suele ser facultad y prerrogativa exclusiva del parlamento o del congreso (Poder legislativo). Suele ser el procedimiento necesario para juzgar al Presidente, vicepresidente, primer Ministro, ministros y jueves nacionales por
mal desempeño en el cargo, delito en el desempeño de sus funciones y crímenes comunes. La sentencia que se dicte suele limitarse a declarar la destitución del inculpado. La posible responsabilidad penal o civil queda posteriormente a cargo de tribunales comunes.