Desalojo lugares alquilados

•   Pago del impuesto a la Vivienda Suntuaria (La Ley 18/88 dispone el pago de este impuesto en viviendas que excedan los 500 mil pesos, pero resoluciones recien­tes han elevado a más de un millón de pesos el monto a partir del cual se cobra este impuesto).
•   Si el propietario desea reconstruir o modificar estructuralmente el in­mue­­ble, debe someter en esa instancia los planos y permisos que demues­tren claramente la clase de trabajo a realizar y el costo aproxi­mado de dicho trabajo. Asimismo, someterá dos declaraciones hechas por inge­nie­­ros que señalen la imposibilidad de efectuar los traba­jos si los inquilinos permanecen en el inmue­ble. Esta ha sido una imposición práctica.
Las pretensiones del propietario no pueden ser acogidas si falta alguno de esos documentos: su presentación resulta, en consecuencia, imprescindible.
El Telegrama.- El Control de Alquileres, teniendo a la vista los anteriores docu­mentos y la instancia que le dirigió el propietario, emite un telegrama que comunica al inquilino, por acto de alguacil, otorgándole un plazo para el depósito de sus alegatos. Este plazo es, como máximo, de quince (15) días.
Es prudente que el abogado del propie­tario, o el propietario mismo, se agencie en Secretaría una copia de dicho telegra­ma, y a su vez lo notifique al inquilino.
Aunque son los funcionarios del Control de Alquileres quienes deben legalmente efectuar esa comunicación, nada le impide al propietario compor­tarse diligentemente.
En la práctica, el propietario notifica un acto de alguacil al inquilino, encabezado con copia del telegrama. Como el Control de Alquileres no constituye en sí una instancia judicial, y de hecho es un procedimiento administrativo especial, al cual las partes no tienen que acudir conjuntamente: el Control de Alquileres sólo necesita que ambas partes hayan expuesto sus alegatos por escrito, aunque sea sin su presencia.
Resolución del Control.- Examinados los alegatos de las partes, el Control de Alquileres emite una resolución donde concede un plazo al inquilino para abandonar el inmueble, que también puede considerarse como un plazo otorgado al propietario para que pueda iniciar el procedimiento de desalojo.
Posible Apelación del Inquilino o del Propietario.- El inquilino, con toda probabilidad, apelará por ante la Comisión del Control de Alquileres, organismo que funciona como una aplicación del principio de doble grado de jurisdicción.
También el propietario puede apelar la resolución del Control de Alquileres y Desahucios cuando considere que el plazo otorgado es excesivo.
La Comisión del Control reconsidera los hechos y las motivaciones de las partes, y emite otra resolución donde concede al inquilino un plazo razonable para desalojar voluntariamente la vivienda.

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